Exigen a Maduro investigar la sospechosa muerte del concejal


La ONU, la UE, Estados Unidos y los obispos venezolanos reclaman una revisión rigurosa e imparcial. El caso del presunto suicidio de Fernando Albán desató polémica y reavivó las tensiones en un país sumido en la crisis.

Desde el interior y el exterior de Venezuela, las autoridades de la Iglesia católica, la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos exigieron al gobierno de Nicolás Maduro una investigación objetiva e imparcial sobre la muerte de un concejal opositor detenido, que en la versión oficial se suicidó, un caso que desató una intensa polémica y reavivó las tensiones en un país sumido en una profunda crisis.

Cantando el himno nacional, decenas de opositores despidieron el lunes por la noche los restos del concejal capitalino Fernando Albán cuando era sacado en una camioneta blanca de la morgue, tras las evaluaciones forenses, para ser llevado a un cementerio del este de Caracas.

Albán, de 56 años, murió el lunes en la sede de la policía política en Caracas luego de ser detenido el 5 octubre en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando retornaba de un viaje a Nueva York, donde residen algunos de sus familiares. El concejal de Primero Justicia fue arrestado por su presunta relación con el atentado con drones que sufrió Maduro en un desfile militar en la capital en agosto.

El fiscal general, Tarek William Saab, declaró a la televisora estatal que la muerte de Albán se produjo cuando estaba en una sala de espera del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en un décimo piso. Según ese relato, antes de ser trasladado a los tribunales, Albán solicitó ir al baño, desde donde se lanzó al vacío.

El acta de defunción entregada a familiares en la morgue de Bello Monte en Caracas dice que el concejal del opositor Partido Primero Justicia murió por "traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toráxico pulmonar cerrado por caída de altura".

"La muerte del concejal Fernando Albán es un crimen de Estado. Es la consecuencia directa del ascenso del terrorismo de Estado", indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país. El colectivo exigió a las autoridades la apertura de una investigación a todos los funcionarios involucrados en la detención y custodia del opositor.

A estos cuestionamientos se sumó la arquidiócesis de Caracas, que expresó en un escrito que la información dada por el fiscal general "nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio" y solicitó que se determine la verdad sobre lo ocurrido y las responsabilidades.

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, culpó al gobierno de "homicidio" y pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte.

DUDAS

Precisamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se apresuró a pedir al gobierno de Venezuela que permita una "investigación independiente y transparente" sobre la muerte. "Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado. Hay mucha especulación y es por ello que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte", afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina.

A este pedido se sumaron también la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y la embajada de Estados Unidos en Caracas.